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sábado, 24 de enero de 2009
sábado, 15 de noviembre de 2008
sábado, 8 de noviembre de 2008
El neoliberalismo golpea derechos indígenas
A 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a tan solo un año de la promulgación de los rechos indígenas, en México persisten –y se agudizan–. Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales coinciden que en México se reforman las leyes para criminalizar la protesta. Mientras las cámaras de diputados y senadores legislan, los organismos de seguridad pública y las fuerzas castrenses vulneran los derechos humanos con el propósito de mantener el control social.
Así, las violaciones a lo0s derechos fundamentales son atribuibles a las nuevas ofensivas neoliberales que se incrementan contra la población y en particular contra los pueblos indígenas, ante la crisis de representación política que padece el régimen.
El gobierno mexicano desarrolla una etapa de mayor ofensiva económica. Pero, en realidad, todo apunta a que son los planes diseñados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, las instituciones representativas del mercado globalizado encargado de mantener el control económico en el mundo.
En América, por ejemplo, la agresión es por el desarrollo del Plan Puebla-Panamá (ahora Mesoamericano), implica el despojo de tierras a los pueblos indígenas. Que como otras propuestas resultan contrarias a lo propuesto en los acuerdos de San Andrés.
El fin es el reordenamiento territorial que ha originado ataques violentos y armados para presionar a quienes se oponen al despojo.
Otro ejemplo son los desalojos de las comunidades asentadas durante tres generaciones en Montes Azules, el caracol de La Garrucha y San Jerónimo Tulijá, donde las acciones fueron emprendidas por miembros del Ejército, la Marina Armada de México, la Agencia Federal de Investigaciones y la Policía Federal Preventiva.
El fin, también es económico. Incrementar las arcas de los grandes corporativos transnacionales y crear un corredor “cultura” con amplios márgenes de ganancia.
Así pues, el Estado imposibilita las garantías individuales mediante la continuidad económica que profundiza la desigualdad social y la falta de claridad política.
Por otra parte, las reformas al sistema de justicia vulneran las garantías, mientras que el papel del Ejército en las calles es garantizar la estabilidad económica que dinamicen el mercado, aseguren el control sobre los recursos energéticos y garantice la inversión.
Mientras tato, el gobierno federal mantiene una lucha sorda y apuesta a las vencidas sin pensar en el desgarramiento del tejido comunitario. El escenario lúgubre para los pueblos indígenas y campesinos.
Las reformas siguen subordinando a los pueblos indios y desconocen la titularidad de sus derechos políticos, territoriales y económicos; las políticas de gobierno generan procesos excluyentes que fomentan la desigualdad, la cual, aunada a los cambios jurídicos y políticos, en la tenencia de la tierra, la reforma judicial, la energética y la alimentaria, repercuten en el traslado de conflictos sociopolíticos al ámbito familiar.
Pero, como actualmente se observa en el país, el gobierno busca la salida militar para ponderar la muerte, la falta de respeto a la vida y a los derechos humanos. Este proceso de sanear la economía con una economía de guerra confronta a los pueblos y sus luchas.
Las violaciones a derechos humanos en el país se generalizaron en los estados y, en algunos, han sido sistemáticas.
Efectos en las radios indígenas y civiles, comunitarias
Respecto a los medios de comunicación, las políticas neoliberales y globalizadoras han sido devastadoras para medios libres alternativos como las radios indígenas y civiles; aquellas que por su labor son de beneficio comunitario.
El acceso al espacio radioeléctrico permanece inalcanzable para quienes desean obtener un permiso, más aún para las comunidades indígenas, aunque sus derechos se contemplen en la Constitución.
La propia Secretaría de Gobernación y las instituciones lo controlan todo y establecen las mismas condiciones excluyentes para que los pueblos indígenas adquieran, operen y administren libremente sus propios medios de comunicación.
Las desigualdades no sólo es un tema omitido, sino que se estaría hablando de discriminación y exclusión. Por ende, el tema de la multiculturalidad resulta francamente mutilado.
Así, existen casos de comunidades que asumen que tener una radio es su derecho, y que el Estado lo reconozca es una obligación, por lo que pide que el gobierno les reconozca constitucionalmente.
También existe otra vertiente de la radio indígena en la que las comunidades se reconocen autónomas, por lo tanto determinan por el uso y usufructo de todos los bienes que existen en ella. Hay un reconocimiento de autonomía de los pueblos indígenas.
Esto es una discusión que ciertamente tiene una base teórica y práctica, y que todavía no se ha dado de manera formal, pero los fines que tanto empresarios y gobiernos consideran son económicos y de marketing político.
Hay casos de algunas radiodifusoras que permanecen en la clandestinidad y que, además de haber sido sancionadas, han sido desmanteladas por la fuerza pública, incluso aquellas que contaban con permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Son los casos de Radio Jenpoj (mixe de Tlahuitoltepec, Oaxaca), Radio Ñomndaa (amuzga de Xochistlahuaca, Guerrero) y Radio Nandi´a (mazateca de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca), las cuales por su servicio comunitario y en el cumplimiento de sus fines y servicios, solicitaron permiso para evitar su estatus clandestino.
Pero, nuevamente el otorgamiento de concesiones y permisos plantea la lucha entre intereses facciosos de sectores minoritarios, el dinero y la ambición de poder
Existe una lógica perversa, azuzada por otros actores, que dice que transmitir sin concesión ni permiso es un delito, es ilegal, y lo ponen en el ámbito penal. En realidad es una falta administrativa. Hay una criminalización.
Son los sectores marginados del país a los que, además de pobres, se les delega, se les discrimina y francamente se les intenta desaparecer. Pero la situación es aún más grave y empeora. Todas estas violaciones son el reflejo, no de un país como México, es en todo el planeta.
La globalización expande sus efectos con efectos violentos de manera notoria a los países del sur del globo; especialmente los sudamericanos, y los mismos acontecimientos se suceden en Brasil, Venezuela, Bolivia, Perú y más: el control, la autoregulación y la preservación de un sistema criminal e inhumano.
sábado, 18 de octubre de 2008
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